Ecuador: Mineria en los centros educativos de las comunidades del DMQ

25 agosto, 2014

Imagen-Mineria en los centros educativos de las comunidades del DMQ

El Ministerio de Educación autorizó que la Empresa Nacional Minera (ENAMI) realice talleres de“Información y sensibilización en las unidades educativas ubicadas en las parroquias Pacto y Gualea”. Los beneficiarios son niños, niñas, adolescentes, docentes y padres de familia de las comunidades.

El taller propuesto por la ENAMI, tiene como objetivo “afianzar la relación empresa, comunidad, estado”, para lo cual se dictarán las “estrategias de intervención social del proyecto Pacto” “la importancia de los minerales en la vida diaria”.

A pesar de que esta autorización no ha sido bienvenida por las comunidades, el Ministerio de Educación, cita el artículo 168 del reglamento de la ley orgánica de educación intercultural, que interpreta que los talleres de la ENAMI son una actividad educativa de carácter obligatorio y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios establecidos de las instituciones educativas.

Tanto el Ministerio de Educación, como la ENAMI, han hecho caso omiso al estudio de impacto ambiental de la misma ENAMI, en el que se reconoce que el 75% de la población de la parroquia de Pacto, y el 60% de la población de la parroquia de Gualea, están en desacuerdo con las concesiones mineras Ingapi y Urcutambo.

Las comunidades afectadas, que no han sido consultadas, manifiestan su preocupación por la insistencia de la ENAMI para llevar a cabo estos proyectos mineros, los que están poniendo en riesgo las actividades económicas de las comunidades: la exportación de panela orgánica, el turismo, la ganadería, así como sus formas de vida y organización. Las comunidades, se verían obligadas a aceptar la presencia de la ENAMI a través de los niños, niñas y jóvenes que asisten a los centros educativos.

Por ello, las comunidades han interpuesto una medida cautelar, la cual ha recaído en el juzgado segundo de tránsito, ,juez Jakson Ovalle Samaniego del Distrito Metropolitano de Quito, en la que piden la suspensión de estos talleres por vulnerar sus derechos fundamentales: el derecho a que la educación responderá al interés público y no al servicio de intereses individuales o corporativos (art. 28), el derecho de interés superior de los niños el derecho de participación y de ser consultados (art. 61 y 398).

Al llevarse a cabo la socialización obligatoria en los centros educativos, las comunidades se acogen al derecho a la resistencia, por ser esta una acción del poder público que amenaza y vulnera sus territorios.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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