Ecuador: Juez niega medidas cautelares a comunidades del noroccidente de Quito

27 agosto, 2014

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Las comunidades de las parroquias Pacto y Gualea, pertenecientes al Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, presentaron el pasado 18 de agosto una acción de medidas cautelares constitucionales para evitar las violaciones de sus derechos constitucionales de educación y consulta previa, que las consideran afectados y vulnerados con la decisión de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) de llevar a cabo una serie de “actividades de educación minera” con el aval del Ministerio de Educación.

Esta acción propuesta por la ENAMI y avalada por el MINEDUC no considera el Art. 29 de la Constitución que establece: “Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”; tampoco considera el Art. 45 de la Constitución que establece: “Las niñas, niños, y adolescentes tienen derechos a …. tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que los afecten; a educarse de manera prioritaria y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades;…” señalan dirigentes de esas parroquias.

Aseguran también que irrespeta el Art. 398 de la Constitución que establece que “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.”

Las comunidades presentaron esta acción para que la función judicial proteja sus derechos constitucionales, sin embargo el Juez segundo de tránsito del Distrito Metropolitano de Quito, conocedor de la causa, decidió el día jueves 21 de agosto negar su solicitud. Esta decisión preocupa a las comunidades y al país en general, debido a la falta de cumplimiento del proceso constitucional establecido en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales (LOGCCC) y por la deficiente motivación expresada en la decisión del juez, quien no toma en cuenta los argumentos presentados por la comunidad dejándolos en la indefensión y en riesgo de que se violen sus derechos constitucionales.

El proceso no fue cumplido debidamente, porque el juez no podía rechazar la acción sin antes llamar a una audiencia, conforme lo establece el Art. 8 y 36 de la LOGCCC, que establece que para rechazar las medidas, el juez necesariamente debía convocar a una audiencia y escuchar a las comunidades de Pacto y Gualea.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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