Movilizacion y organizacion social en la revolución ciudadana: informe de coyuntura

11 diciembre, 2014

Imagen Mas de 850 personas denuncian torturas en 2011 en Espana, 300 mas que en 2010, segun informe de organizaciones sociales

El 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2014 el gobierno nacional debió afrontar dos movilizaciones convocadas por las centrales sindicales nacionales en contra de las reformas laborales previstas en el nuevo código del trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Como en otras ocasiones, el partido de gobierno organizó “contra-manifestaciones” de sus partidarios y orquestó una poderosa campaña de publicidad en la que cuestionó la legitimidad de las protestas y las acusó de desestabilizadoras. La contra – manifestación del 17 de septiembre se convocó en el centro de Quito y se presentó como una fiesta, con presentación musical y discursos de presidente. La contra – manifestación a la protesta del 19 de noviembre se convocó días antes, el 15 de noviembre, en conmemoración de la masacre de 1922, en la ciudad de Guayaquil y fue aprovechada para presentar al público un proyecto de reformas al Código del Trabajo que se tramitará en la Asamblea Nacional.

El número exacto de participantes en cada manifestación es difícil de precisar. Un factor que hace relativa la simple cuantificación del número de participantes de lado y lado es la enorme desproporción entre los recursos utilizados por los partidarios del gobierno para movilizar a sus simpatizantes frente al que pueden desplegar las organizaciones que lo cuestionan.

De hecho, en la mayoría de las movilizaciones y contra- movilizaciones el número de manifestantes a favor y en contra del gobierno fue aproximadamente similar a pesar de la enorme diferencia de medios de los que el gobierno dispuso para llevar a cabo las suyas. En el marco de tal dificultad, sin duda la concentración pro – gubernamental del 15 de noviembre de 2014 fue una de las más grandes que convocado el gobierno desde la asunción del mando y recuerda su capacidad de movilización para los informes semanales del presidente y para las concentraciones electorales.

Aunque los números siempre pueden ser cuestionados y contestados, la verdad es que el propio presidente de la República se ha quejado constantemente de la debilidad de las estructuras de movilización y agitación social con las que cuentan.  La auto – crítica por la débil capacidad de movilización social se extiende hacia las constantes recriminaciones por la fragilidad de las estructuras organizativas del partido de gobierno, Alianza País. Una de las últimas quejas, y entre las más duras, ocurrió con ocasión del “remezón” electoral en las elecciones locales de febrero de 2014.

Para un gobierno que enarbola un discurso de reivindicación nacionalista, que mantiene una muy buena valoración en las encuestas, que reivindica la confrontación anti-oligárquica, y que se presenta como adalid del socialismo del siglo XXI, la fragilidad organizativa y la incapacidad para la movilización parece desconcertante. Es más llamativo y desconcertante para los observadores de izquierdas en Europa, Estados Unidos y el resto de América Latina, que están acostumbrados a que las izquierdas se caractericen por una militancia devota de las calles y la agitación.

Sin dudas, ese desconcierto internacional preocupa más a los estrategas gubernamentales que el impacto político interno, puesto que a su juicio izquierdas, ligadas a las organizaciones sociales, representan un peligro despreciable dentro del país dado su pequeña importancia electoral. No obstante la movilización social es claramente un obstáculo interno y un estorbo en algunas políticas sectoriales. No es raro entonces, que la estrategia política gubernamental haya tenido siempre un ojo puesto en lograr su propia base organizativa.

El objetivo de este trabajo es reseñar algunos de los intentos gubernamentales por crear a lo largo de estos años su propia base organizada. Terminamos con muy breves apuntes sobre por qué el gobierno podría haber tenido tan poco éxito en lograrlo.

El partido

Tanto los partidos socialdemócratas en Europa como los llamados partidos del “populismo” clásico latinoamericano, desde el peronismo hasta el PRI, contaron con estructuras partidarias sofisticadas y / o con una militancia organizada en sindicatos y otros gremios más o menos poderosos. Incluso en la actualidad, procesos similares como el MÁS en Bolivia cuenta con una base de apoyo sindical y gremial muy importante, tal como el Frente Amplio de Uruguay o el Partido de los Trabajadores de Brasil. En la misma Venezuela, donde el gobierno ha mostrado mucha más inestabilidad organizativa, tanto en el partido como en las red organizativa de la sociedad cuentan con una militancia y una movilización de base popular bastante extendida entre los barrios pobres de las principales ciudades del país.

El proceso político de Alianza País presenta un llamativo contraste con todas esas experiencias en las que se inspira o con las que se proclama hermanada. A pesar de todos los intentos, el partido de gobierno ha probado ser cada día más débil en sus estructuras internas, en su funcionamiento y en su autoridad para tomar decisiones. Todos los testimonios conocidos de los protagonistas confirman que la instancia directiva máxima de Alianza País, el buró político, era una estructura muy importante de definición de la estrategia, del programa de acción y de las principales decisiones políticas. Todavía a mediados del año 2008, el buró político fue la instancia básica donde se decidió que Alberto Acosta debía apartarse de la dirección de la Asamblea Constituyente.

Seis años después, el panorama es radicalmente distinto. No existe ninguna evidencia ni testimonio de que las principales instancias partidarias decidan nada de importancia crucial. Así, por ejemplo, las críticas cruzadas entre Avanza y Alianza País a propósito del sectarismo en la selección de candidatos a los gobiernos locales en febrero de 2014 revelan que las decisiones finales correspondieron más a los funcionarios gubernamentales del Ministerio Coordinador de la Política antes que en las estructuras partidarias.

Recientemente, la más notable prueba de que en las estructuras propiamente partidarias no se toman decisiones relevantes de línea política quizás sea su última convención partidaria, la cuarta. Realizada el 1 de mayo de 2014 en Esmeraldas, congregó a 1.612 delegados para tratar siete puntos: el análisis de los resultados electorales del pasado 23 de febrero, el conocimiento del informe de labores del secretario saliente Galo Mora, la definición de lineamientos políticos para el período 2014-2016, la elección de la nueva dirección nacional, las reformas a los estatutos, entre otros.  Aunque hubo reuniones provinciales preparatorias y talleres de reflexión entre militantes, la Convención Nacional que tenía el mandato de tratar todos esos puntos, lo hizo en el tiempo récord de cuatro horas, en el que escucharon discursos, fueron informados de la nueva directiva partidaria (no hubo votación de los delegados) y se entonaron canciones y consignas motivadoras. Una fracción del movimiento, ligada a la directiva de Pichincha, hizo el pedido público de que se realizara un proceso de debate de seis meses sobre el cambio estatutario, sobre los principios doctrinarios y sobre orientaciones programáticas. Este grupo levantaba el nombre de Fander Falconí para la secretaría nacional del movimiento, pero sus llamados fueron desoídos.

Tal parece que en el difícil balance entre el partido que nace desde el poder y el gobierno en el que trabajan funcionarios que deciden la orientación práctica de las políticas públicas, las bazas están desde hace al menos un lustro, enteramente del lado de los altos funcionarios. No es, pues, la organización partidaria lo que cuenta.

Organizaciones

Históricamente el corporativismo ha sido muy débil en el Ecuador. La tasa de sindicalización ha sido históricamente muy pequeña. El pionero estudio de Gilda Farrel reveló que en su momento de mayor auge, a fines de los años 1970, el sindicalismo ecuatoriano llegaba aproximadamente al 15% de la población económicamente activa ocupada. Una encuesta realizada en el año 2009 por el INEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos – sobre participación ciudadana mostraba que menos del 3% de la población pertenecía o había pertenecido a un sindicato. Ninguna asociación de ningún tipo, sean entidades religiosas, sistemas de manejo de agua potable, cooperativas o asociaciones voluntarias, llegaba a agrupar al más del 9% de la población encuestada. Un ex dirigente sindical ofrece las siguientes cifras: con una población económicamente activa de 6,7 millones de personas, existen apenas de 200 mil a 250 mil sindicalizados del sector público y privado.

La débil tradición organizativa y corporativa en el Ecuador no significa que las organizaciones sean completamente impotentes. De hecho, ese pequeño sector organizado suele ser aquel que está más politizado y que actúa y se moviliza. A veces la convocatoria de las organizaciones es la que desata y lidera la participación de las mayorías desorganizadas. Algo así ocurrió en las huelgas nacionales convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en 1982 y 1983 o los levantamientos convocados por la CONIAE durante los años 1990 hasta el 2001. Los efectos políticos y sociales de la movilización rebasan con mucho su número: la encuesta del INEC ya citada revela que solo el 3% de los encuestados afirmó haber salido a manifestarse durante los derrocamientos presidenciales de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez.

El gobierno de la revolución ciudadana no ha significado un gran incentivo a la organización, la movilización o la “participación no convencional”. Dos grandes estrategias se han perfilado en estos años para lograr la adhesión de las organizaciones al proyecto político de Alianza País. La primera de esas estrategias ha sido la de llegar a acuerdos de diverso tipo con las organizaciones existentes para conseguir su apoyo. Durante los dos primeros años de gobierno (2007-2009), la mayoría de organizaciones sociales simpatizó con el programa gubernamental de cambios propuestos y brindó su apoyo más o menos constante. Progresivamente esos acuerdos se han ido debilitando. No obstante, unas pocas organizaciones históricas mantienen su apoyo al gobierno, no sin haber experimentado duros conflictos internos, divisiones e incluso la intervención estatal para dirimir los conflictos, normalmente a favor de los grupos políticos más favorables a Alianza País. El caso más importante es sin duda el de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN.

Por lo general, las organizaciones que siguen manteniendo su apoyo al gobierno son más pequeñas, locales y tienden a tener un perfil político menos fuerte. El ejemplo más importante es el de las organizaciones de productores agropecuarios que negocian apoyos para la comercialización o la certificación de sus productos de exportación, muchas veces en la Costa. Una organización grande que mantiene sus acuerdos con el gobierno es la Federación Nacional de Choferes, el poderoso gremio de los transportistas cuya tradición histórica ha sido centrarse en demandas puntuales ligadas a sus intereses corporativos y evitar las grandes definiciones políticas.

Esta primera estrategia no ha tenido éxito con las organizaciones sociales más grandes, históricas y de mayor protagonismo político. Ni la Unión Nacional de Educadores (UNE), el poderoso gremio unificado de las maestras y maestros del sector público; ni la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE; ni ninguna de las cuatro centrales sindicales históricas del país, sigue apoyando las políticas gubernamentales. Pueden apoyar algunas medidas específicas, y así lo han hecho, pero cuestionan duramente muchas otras y el cuestionamiento es más frecuente que el apoyo.

La segunda estrategia de Alianza País ha sido fomentar la creación de organizaciones alineadas con el gobierno fracturando a las organizaciones existentes. Desde diciembre de 2008, el gobierno señaló que crearía otro gremio de educadores, una organización paralela a la Unión Nacional de Educadores, el más poderoso gremio estatal del país.[xiv] Poco tiempo después, con el optimismo que suele caracterizarlos en sus anuncios, voceros del partido de gobierno anunciaron la existencia de un “Frente Unionista de Trabajadores de la Educación” (FUTE), cuya adhesión era estimada por medios gubernamentales en unos 40.000 maestros.[xv] No mucho tiempo después, la FUTE desapareció de la escena y en el transcurso de una serie de talleres organizados desde el Ministerio de Educación, se creó la “Red de Maestros por la Revolución Educativa”.

Esta red de educadores cercanos al gobierno vivió un nuevo período de protagonismo público a mediados del año 2014. En esos momentos, un asambleísta de gobierno anunció un proyecto de ley que pretendía trasladar una veintena de fondos privados de cesantía y jubilaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS. El más grande de estos fondos, con más de 400 millones de dólares acumulados es, precisamente, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) creado por la UNE en la década de 1990 y que ha concentrado sus inversiones en construcción de viviendas y en una pequeña central hidroeléctrica pública. El pretexto para la expropiación era que esos fondos habían recibido dinero del Estado, algo que no se pudo probar en el caso del FCME. En la campaña a favor de expropiar el fondo de los educadores, la Red de Maestros se quejó de la falta de transparencia en el manejo del dinero y afirmó tener una base de datos con 30 mil maestros.

La Red de Maestros volvió a aparecer en la escena pública con ocasión del anuncio de la creación de una Central Única de Trabajadores del Ecuador en lugar del histórico Frente Unitario de los Trabajadores.  La creación de una central única de obreros era una vieja consigna del movimiento sindical desde que se constituyó el FUT a fines de los años 1970. La novedad de la reciente constitución es que están excluidas las cuatro centrales sindicales históricas del país, la CEDOCUT, fundada en 1938, la CTE, fundada en 1944, la CEOSL, fundada en 1962 y la UGTE, fundada en 1986.

En su lugar, figuran cuatro organizaciones. Dos de ellas se forjaron en los últimos cinco años de la ruptura con el sindicalismo histórico: la Confederación Sindical Ecuatoriana, nacida de la ruptura de la CEOSL en diciembre de 2010 y la Confederación de Trabajadores del Sector Público, nacida de la ruptura con la CTE en noviembre de 2011. Las otras dos son la CEDOC-CLAT, una de las más antiguas y tradicionalmente ligada a la Democracia Cristiana; y la Confederación de Trabajadores de la Seguridad Social. La convocatoria a conformar la CUT provino del Ministro de Relaciones Laborales y las reuniones preparatorias de fines de 2014 se realizaron en las oficinas de esta dependencia estatal.

El partido de gobierno preparó algunos documentos en los que se expresa su nueva visión del sindicalismo. Un documento interno de Alianza País, que fija los parámetros del nuevo sindicalismo en el socialismo del siglo, dice textualmente: “frente a posibles conflictos, rige un principio fundamental del socialismo del siglo: el interés colectivo prima sobre el interés individual o de grupo. Esto requiere de los sindicatos y gremios del sector público la necesidad de establecer el diálogo, no la huelga, como el mecanismo de atención a sus demandas. A la vez exige del Gobierno, agilidad y eficiencia para atenderlas.

En el ámbito de los sindicatos del sector privado, el papel del sindicato es sostener las instancias de diálogo y requerir el apoyo de la institucionalidad pública para resolver los conflictos, sin usar el derecho a la huelga sino excepcionalmente”. Diálogo y no huelgas esperando que haya agilidad y la oportuna intervención del Estado. En completa sintonía con el nuevo rol del sindicalismo, basado en la comprensión del cambio de época y de la consciencia plena de la identificación del gobierno con el interés público, el presidente de la nueva central sindical única, Marcelo Solórzano, presidente del gremio estatal de los trabajadores eléctricos y diputado alterno de la presidenta de la Asamblea Nacional por Alianza País, expresa: “Ya no cabe la violencia, las armas, el palo ni la piedra. Hemos entendido eso y hemos hecho lo que la sociedad nos demanda, con una actitud responsable de diálogo”.

¿Por qué ha tenido que recurrir el gobierno a la división de las organizaciones populares? ¿Por qué no pudo alinearlas más fácilmente o ganar las mayorías en su interior? ¿Por qué hasta ahora sus organizaciones, incluido su propio partido, no logran despegar y demuestran poco entusiasmo en la movilización de sus bases de apoyo?

Razones

En otros trabajos anteriores he insistido en la coherencia de una política gubernamental “anti – corporativista” que desaloja a los gremios y organizaciones sociales de todos los espacios públicos donde tenían algún tipo de participación en la decisión sobre las políticas públicas.  En lugar de confiar en sus propios representantes en las instancias de decisión política, se pide a los gremios confiar en la buena voluntad y en la agilidad de los funcionarios gubernamentales. Esta política difícilmente puede agradar a los gremios de las organizaciones populares.

No obstante, no se trata de un obstáculo insalvable en la relación entre el gobierno y las organizaciones. Un escollo más importante es que se exija abandonar las calles y dejar de efectuar protestas, manifestaciones y desahogos colectivos. Como vimos, en opinión del partido de gobierno, la huelga ya no tiene cabida en un Estado popular y revolucionario. La intolerancia a toda manifestación de descontento, que lleva a acusarlas constantemente de conspiradoras o a perseguir en los tribunales a los detenidos, incluso estudiantes de colegios, está lejos de ser un factor de conciliación y acuerdo con las organizaciones sociales. La criminalización de la protesta y de la disidencia no ayuda a construir relaciones cordiales con organizaciones históricas que desde su nacimiento aprendieron a considerar la protesta callejera como un signo de participación democrática.

Pero incluso estas señales autoritarias y estos intentos de disciplina miento podrían quizás pasarse por alto. Junto a ellas, las políticas laborales del gobierno de la revolución ciudadana han tenido siempre una doble faz. Mientras recrudecen los controles estatales contra ciertos abusos laborales de las empresas privadas, aumenta la discrecionalidad en la política laboral del Estado. El gobierno actúa como cualquier patrón. A las anteriores medidas que facilitan el despido en el sector público como el decreto sobre “renuncias obligatorias”, la limitación de la contratación colectiva y la drástica reducción de las indemnizaciones por la separación de funcionarios; se suma ahora, con la propuesta de enmiendas constitucionales, la eliminación pura y simple del sindicalismo público.

En efecto, una de las enmiendas presentadas por el partido de gobierno y recientemente aceptadas por la Corte Constitucional para su trámite, saca a todos los trabajadores de las disposiciones del Código del Trabajo y las somete a las disposiciones de la Ley de Servicio Público. De un solo toque se elimina el sindicalismo público, que constituye, como lo reconocen en el mismo gobierno, la inmensa mayoría del sindicalismo ecuatoriano. ¿Cómo pueden las organizaciones laborales aceptar semejante política sindical a nombre del interés público? Hasta los sindicatos del gobierno se oponen pero desde el diálogo y la conversación, por lo que expresan la confianza de que el presidente recapacitará.

Es evidente que la preocupación central de la política pública respecto a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, ha estado focalizada en ampliar los controles gubernamentales mucho más que en promover los incentivos para la agremiación. Aunque todos los diagnósticos existentes muestran la debilidad de la organización social y la participación ciudadana y social, el énfasis no ha sido promoverla sino evitar sus desajustes desde la perspectiva de los intereses gubernamentales.

Estamos en condiciones de ofrecer una respuesta breve a las razones por las cuales la política de organización y los esfuerzos de movilizar a sus partidarios, sea en organizaciones afines, sea en el propio partido de gobierno, han tenido tan poco éxito. Toda la política pública está orientada a fortalecer el poder gubernamental y el poder autónomo de cualquier organización amenaza ese objetivo central. Sin poder para decidir o para influir decisivamente, ¿por qué la gente se organizaría? ¿Por qué las organizaciones apoyarían una política que tiende a debilitarlas? Allí donde el Estado ha promovido la organización social, incluso intentando controlarla, como bajo el peronismo en la Argentina, el poder de los sindicatos dentro de las fábricas era enorme: había que negociar con la organización laboral no solo los despidos sino cualquier cambio de función de cualquier trabajador.  ¿Cómo sorprendernos que después del peronismo, la clase obrera argentina exhibiera tasas de sindicalización cercanas al 50%? Si el liderazgo máximo de la revolución ciudadana no está dispuesto a acordar ningún poder real a sus organizaciones sociales aliadas o a su propio partido, no puede esperar que funcionen.

Fuente: lalineadefuego.info

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