El “Grito de la Memoria” selectiva

19 diciembre, 2014

Con pomposos y costosos homenajes el Gobierno del Ecuador acertadamente intenta reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos de hechos que sucedieron hace 10, 20 o 25 años a tras; se ha reparado a las víctimas de Alfaro Vive Carajo (AVC), a las esposas del Caso Fibeca, a los familiares de los Hermanos Restrepo, entre otros casos emblemáticos e históricos.

El reconocimiento público que el Estado Ecuatoriano se equivocó, la entrega de indemnizaciones a las víctimas de tortura y a los familiares de quienes fueron asesinados por las fuerzas del orden al mando de los gobiernos de turno es un hecho que beneficia al País sin duda alguna, lo malo es que se les olvidó reparar a las víctimas del actual gobierno.

La construcción del mural “Grito de la Memoria” que costó a la fiscalía $300.000, es otra más de las múltiples acciones que en materia de derechos humanos viene impulsando el Gobierno, hasta allí todo suena maravilloso, ya que el Estado está reparando a las víctimas de violación a los derechos humanos; lamentablemente a esta memoria se le escapan misteriosamente las violaciones a los derechos humanos de los últimos 10 años como las torturas sufridas por los pobladores de Dayuma, la cárcel injusta de un año y acoso hasta el momento que sufren los 10 de Luluncoto, los estudiantes del Central Técnico que se les negó el derecho a la educación, el permanente estado de sitio que se mantiene sobre Intag, entre muchos otros.

Pero la doble moral del Gobierno llega al límite de lo absurdo, José Serrano ex abogado de las organizaciones de los derechos humanos, ahora en su función como Ministro del Interior no sólo que no investiga las denuncias de tortura, por el contrario, amenazada a los abogados de las supuestas víctimas, esto se lo pudo observar claramente con los estudiantes detenidos la noche del 17 y 18 de septiembre, quienes luego de ser apresados habrían sido víctimas de tortura, muchos denunciaron que ya detenidos, la policía intencionalmente les habrían pasado las motos sobre los brazos y piernas, otros relatan los golpes que recibieron la Unidad de Policía Comunitaria de la Basílica, otros al igual que en la época de León Febrescordero señalan que fueron agredidos en las instalaciones del Regimiento Quito, donde antes funcionaba el tristemente célebre SIC 10; Frente a estos hechos la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Presidencia parecería que habrían hecho unidad de cuerpo, pues en lugar de investigar exhaustivamente estas graves denuncias, mantienen un  discurso de admiración frente al accionar de la policía; para intentar acallar las voces de protesta se sanciona muy débilmente a un par de policías de tropa como si estos hubiesen sido acciones aisladas, pero de las denuncias presentadas por algunas de la víctimas se pensaría que fueron actos orquestaos, debido a que se repiten las prácticas al sur de la Ciudad en el Colegio Montúfar y al norte de la Ciudad en el Colegio Mejía, en días y en operativos diferentes.

El derecho a la organización que tienen todos los seres humanos es conculcado mediante el decreto 16 que prácticamente obliga a las organizaciones a alinearse con el Gobierno a se enfrentan a su ilegalización como lo sucedido con la Fundación Pachamama, pero también este derecho se conculca a través de acciones como la pretensión de desalojar de su edificio histórico a la CONAIE, por según palabras del Correa “haber traicionado en repetidas ocasiones”.

Si bien es cierto la reparación integral a las víctimas es un acto necesario, en este gobierno se lo utilizaría como una estrategia para reparar los actos del pasado y con ellos intentar tapar las violaciones a los derechos humanos se están cometiendo en el presente.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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