Enmiendas Constitucionales sobre rol de la FFAA en Seguridad Ciudadana afectan los DDHH

30 diciembre, 2014

Ecuador: Izquierda piensa en lista unificada para Asamblea

por Vladimir Andocilla R.

El 31 de octubre del 2014 la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) aprobó el dictamen de constitucionalidad de la propuesta de cambios constitucionales presentado por la Asamblea Nacional el 26 de junio del mismo año.

En el artículo 6 de la propuesta se plantea la reforma al artículo 158 segundo inciso de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), con el siguiente texto: “Las Fuerzas Armadas tiene como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley.”

Los proponentes, asambleístas de AP, justificaban este cambio diciendo que: “se requiere la colaboración y coordinación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”[1]

Por su parte, los magistrados de la CCE establecieron que este cambio no altera la estructura del estado ni restringe derechos fundamentales pues: “la propuesta de enmienda busca incorporar dentro de la Constitución de la República un rol complementario a las Fuerzas Armadas como es la seguridad integral de los ciudadanos… Con la propuesta de modificación más bien se afianza un esfuerzo conjunto para garantizar un objetivo constitucional reconocido como es la seguridad, lo cual, lejos de ir con detrimento, fortalece la consecución del objetivo estatal de brindar seguridad integral a su ciudadanos a través de un medio como es la incorporación de miembros de una institución pública como son las Fuerzas Armadas para lograr este objetivo.”[2]

Con una argumentación básica y sin mayor sustento, asambleístas y magistrados, justificaron en base de sofismas este cambio constitucional. Cómo lo probaremos, esta decisión violentó la normativa internacional en materia de DDHH, por ende, no podía ser aprobado como lo hizo la CCE.

La seguridad ciudadana como expresión del DerechoPenal del Enemigo

A pesar que la CCE intenta justificar su decisión apelando al modelo garantista, lo único que hace es demostrar su desconocimiento, pues, la aplicación de un modelo penal basado en ese paradigma abortó, tanto la Asamblea con la aprobación del COIP, así como las decisiones del Ministerio del Interior, demuestran que el estado ecuatoriano asumió el modelo penal de la seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana fue una propuesta que se desarrolla a partir de la Caída del Muro de Berlín y el fin de la “Guerra Fría”, debido a la crisis del modelo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Según Neild el nacimiento del término “seguridad ciudadana” marca un desplazamiento de un debate centrado en amenazas al Estado y a los regímenes políticos hacia una discusión de las amenazas al orden público, social y político generadas por el aumento del crimen callejero y el temor ciudadano frente al delito, fenómenos que han sido particularmente agudos en América Latina[3].

En otras palabras, la seguridad ciudadana es una de las expresiones del derecho penal del enemigo, por el cual, un grupo de la sociedad debe combatir y neutralizar a otro grupo bajo el pretexto del quebrantamiento de las normas. Por ende, la definición de enemigo es una tarea exclusiva del derecho, entendido el mismo como la expresión de la clase dominantes erigida en ley.
En otras palabras el opositor de la década del ’70 era el enemigo real, mientras que en la actualidad el “marginal” es utilizado para justificar la represión antes que se constituyan polos contra hegemónico al sistema. Por ello, varios estudiosos del tema hacen la equivalencia entre “erradicar el delito” y “aniquilar la subversión”[4].

El uso de las FFAA en la seguridad interna
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha insistido que una de sus preocupaciones con respecto a las acciones implementadas por los Estados en el marco de su política sobre seguridad ciudadana es el de la participación de las fuerzas armadas en estas tareas, que por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones ha indicado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, pues corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno[5].

Una política pública sobre seguridad ciudadana para que cumpla adecuadamente sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio, debe contar con una institucionalidad y una estructura operativa profesional adecuad. La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública[6].

A manera de conclusión podemos establecer que el proceso de derechización del gobierno y las posibles nubes de crisis que se levantan sobre el firmamento del 2015 han hecho que se establezcan políticas criminales autoritarias, incluso reformando la Constitución, a pesar de las posibles afectaciones a los DDHH que puedan darse.

[1] Propuesta de Enmiendas Constitucionales presentadas por el Bloque de AP a la Corte Constitucional del Ecuador el 26 de junio del 2014. http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Actualidad/2014/ENMIENDAS_CONSTITUCIONALES_OKIS.pdf .

[2] CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, DICATAMEN No. 001-14-DRC-CC del Caso No. 0001-14-RC; 31 de octubre del 2014, pp. 76-77.

[3] NEILD, Rachel; From National Security to Citizen Security: Civil Society and the Evolution of Public Order Debates, Montreal: International Center for Human Rights and Democratic Development, 1999, pág.1citado por TORRES ANGARITA, Andreina; Políticas de seguridad ciudadana con enfoque de género: una difícil pero posible alianza, Friederich Eberte Stiftung, Ecuador, 2010, pág. 3.
[4] VERDÚ, María del Carmen; De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la doctrina de la Seguridad Ciudadana: la inseguridad del régimen, en http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/de-la-doctrina-de-la-seguridad-nacional-la-doctrina-de-la-seguridad-ciudada (vista: 28 diciembre de 2014)

[5]CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009, parr.100.

[6] Ídem, parrf. 102.

[1] Propuesta de Enmiendas Constitucionales presentadas por el Bloque de AP a la Corte Constitucional del Ecuador el 26 de junio del 2014. http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Actualidad/2014/ENMIENDAS_CONSTITUCIONALES_OKIS.pdf .

[1] CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, DICATAMEN No. 001-14-DRC-CC del Caso No. 0001-14-RC; 31 de octubre del 2014, pp. 76-77.

[1] NEILD, Rachel; From National Security to Citizen Security: Civil Society and the Evolution of Public Order Debates, Montreal: International Center for Human Rights and Democratic Development, 1999, pág.1citado por TORRES ANGARITA, Andreina; Políticas de seguridad ciudadana con enfoque de género: una difícil pero posible alianza, Friederich Eberte Stiftung, Ecuador, 2010, pág. 3.
[1] VERDÚ, María del Carmen; De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la doctrina de la Seguridad Ciudadana: la inseguridad del régimen, en http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/de-la-doctrina-de-la-seguridad-nacional-la-doctrina-de-la-seguridad-ciudada (vista: 28 diciembre de 2014)

[1]CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009, parr.100.

[1] Ídem, parrf. 102.

fuente: ecuadorlibrered.tk

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