El correísmo despide a los trabajadores del sector público

8 enero, 2015

Imagen-Ecuador: Miles de trabajadores le dicen NO a las “enmiendas constitucionales” del gobierno

por Nelson Erazo*

A inicios de diciembre del 2014, más de un centenar de trabajadores de la estatal Petroamazonas fueron sorpresivamente notificados con la culminación de la relación laboral, a través del despido intempestivo.

Lo particular de este hecho es que la mayoría de los trabajadores despedidos son los ex terceriados de Petroecuador, que conquistaron con una ardua lucha su estabilidad, establecida a través de mandato constitucional de la Asamblea Constituyente del 2008. Cuando Petroamazonas asumió las funciones operativas de Petroecuador, también asumió las responsabilidades de sus trabajadores.

Haciendo un poco la historia, fueron los trabajadores petroleros tercerizados quienes lograron ubicar como una preocupación de carácter general, las reales connotaciones de la tercerización laboral. Por primera vez organizaron una federación de tercerizados, la Federación Regional de Trabajadores Petroleros Tercerizados, FETRAPET en el 2005; y, al año siguiente, en marzo del 2006, realizaron una huelga que afectó en un 75% la producción petrolera y alcanzó una gran repercusión nacional.

Coincidencialmente, esta acción enfrentó al gobierno de Alfredo Palacio, del que formaron parte varios y destacados integrantes del actual régimen correísta. Partiendo del propio presidente Correa, en el gobierno de Alfredo Palacio se destacan Galo Chiriboga, José Serrano y Richard Espinoza, todos vinculados al campo laboral.

El mayoritario rechazo de la población a esta precaria modalidad de subcontratación laboral, y con la insistencia de los Asambleístas de izquierda en la Constituyente, principalmente: Jorge Escala, Lenin Hurtado y Abel Ávila, el régimen se obligó a impulsar el mandato constituyente de prohibición de la tercerización laboral.

Mas, aparte de las salvedades que precisamente para el sector petrolero y otras áreas estratégicas de la economía, incorporó el propio mandato, en la actualidad se constata un agresivo retorno a diversas modalidades subcontratación, como la externalización de servicios que, a la postre, sirve para el mismo objetivo de la tercerización: primero evadir la contratación directa de los trabajadores y, segundo, eludir la garantía de la estabilidad laboral.

Particularmente el derecho a la estabilidad laboral (que curiosamente registra el gobierno en su propuesta de Reforma al Código del Trabajo, bajo la forma de “contratación indefinida”), ha sido uno de los blancos principales del actual régimen.
Se estima en 30.000 los trabajadores despedidos del sector público, al amparo del decreto 813 y al arbitrio autoritario del presente régimen que, no repara en nada cuando se trata de librarse de los trabajadores “indeseables”, para implantar una suerte de limpieza generacional e ideológica al interior de las empresas e instituciones públicas, al puro estilo de gobiernos totalitarios y dictatoriales.

Afectando o desconociendo derechos colectivos como el de la contratación colectiva, el régimen ha buscado manos libres hacer y deshacer con los derechos laborales, lo cual se extiende al comportamiento del sector privado, en cuyo caso, el gobierno ha adoptado una actitud contemplativa. En este contexto se han registrado despidos masivos en ECUDOS, Colchones Paraíso, ERCO, SINOHIDRO, MEGAGRAF, MAXIGRAF, REYSAC, ECUACORRIENTE, SALUD, CHEVRON, EDESA, entre otros, que han contado con el aval del Ministerio de Relaciones Laborales, con los ex ministros Espinoza y Vacas, y con el actual Carlos Carrasco.

Resulta evidente que en el campo de los derechos laborales, se constata una gran distancia entre las palabras y los hechos. El gobierno de la “revolución ciudadana” que se autoproclama ser “un gobierno de los trabajadores” y, que se reconoce como el que, supuestamente, “más ha hecho por los trabajadores”, es precisamente el que más casos registra en cuanto a las afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores.

Retornando al caso de los trabajadores despedidos de Petroamazonas, conviene que se conozca otros datos. Siendo la principal empresa pública del sector estratégico, no cuenta con contrato colectivo, a pesar de existir un Comité de Empresa estructurado, desde luego, a la manera del régimen, es decir desde arriba y con dirigentes gobiernistas, que no dicen nada cuando se violan los derechos de los trabajadores. Por otro lado se negó el reconocimiento de un Sindicato que organizaron los trabajadores ex tercerizados, arguyendo que en la empresa ya existía otra organización (el comité de empresa referido).

De esta forma, a los trabajadores ex tercerizados de Petroamazonas, al haberles notificado con el despido intempestivo, se les ha informado también que, en el mejor de los casos, sus indemnizaciones serán calculadas sobre la base de los cuatro o tres años de contratación directa, desconociendo los 10, 15 o 20 años que laboraron en la condición de tercerizados. Es decir, cuando el gobierno habla de que ha terminado con la tercerización laboral, debería añadir que también está terminando con los trabajadores ex tercerizados.

Estas son la razones por las que, los trabajadores despedidos de Petroamazonas han dicho un rotundo NO a los despidos, y se predisponen a luchar por el reingreso. Están programando diferentes acciones de denuncia y resistencia hasta que se reconozcan y respeten sus derechos.

*Nelson Erazo es presidente del Frente Popular

Fuente: ecuadorlibrered.tk

Compártenos y Síguenos en:
  • Bitacoras.com

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: