Amnistía Internacional: Situación de DDHH en el mundo, Situación en ECUADOR

27 febrero, 2015

Informe 2014/15 Amnistía Internacional: Situación de DDHH en el mundo, Situación en ECUADOR (páginas 149 . 151).

ECUADOR:
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los detractores del gobierno continuaron siendo agredidos y desacreditados. No se respetaron los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

 INFORMACIÓN GENERAL
Las manifestaciones multitudinarias contra las políticas del gobierno seguían siendo habituales. En julio, grupos indígenas realizaron una marcha hasta la capital, Quito, para protestar contra la aprobación de una nueva ley de regulación de los recursos
hídricos que, según informaban, no abordaba  todas sus preocupaciones.

En noviembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia confirmó una sentencia contra la empresa petrolera estadounidense Chevron por daños ambientales. La Corte resolvió  que Chevron debía abonar más de 9.500 millones de dólares estadounidenses a las comunidades indígenas amazónicas afectadas. En marzo, tras una demanda interpuesta por Chevron en Estados Unidos, un tribunal federal impidió que se pudiera hacer uso de los tribunales estadounidenses para recaudar el monto concedido en concepto de daños a la selva tropical, aduciendo que la decisión del tribunal ecuatoriano se había obtenido por medios corruptos. En octubre, las víctimas de los daños ambientales ocasionados por Chevron demandaron ante la Corte Penal Internacional a los directivos de la empresa. Sesenta personas, entre ellas seis agentes de policía acusados de intentar matar al presidente, fueron declaradas culpables de participar en las protestas policiales contra las  reducciones salariales de 2010, consideradas  por el gobierno como un intento de golpe de  Estado. Otras 36 personas fueron absueltas.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo agredidos y desacreditados. Siguió cerrada la Fundación Pachamama, organización de defensa de los derechos de los indígenas y de los derechos ambientales, clausurada por las autoridades en diciembre  de 2013 mediante un decreto ejecutivo  que otorgaba al gobierno amplios poderes para supervisar y disolver ONG. Días antes del cierre, los miembros de la Fundación Pachamama habían participado en una manifestación frente a la Secretaría de Hidrocarburos.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En octubre, el gobierno pidió perdón al pueblo kichwa de Sarayaku y admitió que el Estado había puesto en peligro sus vidas y medios de subsistencia al permitir a una empresa petrolera llevar a cabo actividades de exploración en su territorio en 2002 y 2003. El pueblo kichwa de Sarayaku había ganado una batalla legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012. Sin embargo, al analizar 2014, Ecuador  todavía no había concluido la retirada de  1,4 toneladas de explosivos abandonados  en el territorio de la comunidad indígena ni había regulado los derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de todos los pueblos indígenas, tal y como había ordenado la Corte Interamericana de  Derechos Humanos en 2012.

Los planes del gobierno para explotar los recursos petroleros del Parque Nacional de Yasuní, hogar de las comunidades indígenas tagaeri y taromenane, siguieron desatando protestas públicas. En mayo, la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), una de las principales organizaciones indígenas del país, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional en la que alegaba que el gobierno no estaba aplicando las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en  2006 a favor de las comunidades indígenas tagaeri y taromenane. Al concluir 2014, la Corte Constitucional todavía no había resuelto la demanda.

REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA
Las autoridades siguieron reprimiendo las manifestaciones antigubernamentales, en lo que parecían ser intentos de desalentar la oposición.En septiembre, al tiempo que se tenía noticia de enfrentamientos entre manifestantes y policía, más de un centenar de personas fueron detenidas durante un  periodo de hasta 15 días por participar  en manifestaciones contra el gobierno. Decenas de detenidos denunciaron haber sufrido malos tratos en el momento de ser arrestados y mientras se hallaban bajo custodia policial. Los informes médicos concluyeron que muchos de los detenidos presentaban contusiones y otras lesiones causadas por instrumentos contundentes. Al analizar el año, no se había iniciado ninguna investigación sobre estas acusaciones, y el presidente las había negado públicamente.

 LIBERTAD DE LA EXPRESIÓN
En enero, el periódico  El Universo  y el caricaturista Javier Bonilla (conocido como  Bonil) fueron multados y obligados a rectificar  el contenido de una caricatura, en virtud de la  Ley de Comunicación de 2013. La caricatura  retrataba a unos agentes de policía realizando un brusco registro en la casa del periodista Fernando Villavicencio, detractor declarado del gobierno. Fernando Villavicencio fue uno de los tres hombres condenados en 2013 por injuria judicial contra el presidente. Se les impusieron penas de entre 18 meses y 6 años de prisión, posteriormente reducidas a entre a 6 y 12 meses. Al finalizar el año, Villavicencio y otro de los condenados seguían en libertad.

fuente:  es.scribd.com

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