Monopolio y privatizacion, palabra mayor en la revolucion ciudadana

9 marzo, 2015

Por: Prensa Alternativa.

Quién diría, un gobierno que nació de la corriente bolivariana, alfarista, nacionalista, hoy ha sentado las bases de una economía sometida al gran capital, gracias a múltiples reformas legales, decisiones políticas y la libertad empresarial, aupada por un régimen ‘de izquierda’ claramente identificado con los monopolios criollos y transnacionales.

Allá por noviembre de 2008, el Presidente tuvo la gran oportunidad de revertir las operaciones con la petrolera Repsol YPF, pero decidió renovar el contrato, privándole al estado de un ingreso neto de 1 millón doscientos mil dólares diarios.

El 23 de abril de 2008, gracias a la decisión política del régimen, se crea Petroamazonas, como operadora del Bloque 15, dejado por la OXY, para luego entregarle a la empresa todos los campos que operaba la desaparecida Petroproducción, bajo las condiciones más perjudiciales para el Estado. En la actualidad, Petroamazonas-EP ha tercerizado casi todos los servicios y operaciones de los campos de la Amazonía, a manos privadas. La empresa reporta una producción de 363 mil barriles diarios, con un costo operativo por barril de $.9,00. La sola decisión de haber entregado los campos de Petroecuador a la subsidiaria Petroamazonas-EP, duplicó literalmente el costo de producción por barril extraído de 4,5 dólares a 9,00, lo que le representa al país un gasto operativo altísimo de USD 1,6 millones de dólares diarios, dinero suficiente para construir a futuro cientos de escuelas del milenio en todo el Ecuador.

El presidente Rafael Correa y Jorge Glass, en torno al tema de la renegociación de los contratos petroleros, se ufanan de que el Estado se ha quedado con todo el petróleo y que a las empresas tan solo se les paga los gastos de operación. Pero veamos qué ha pasado con las tarifas que reconoce el gobierno versus el precio del barril al 2015. Por ejemplo, el costo del barril de crudo que reportó el Banco Central el 26 de febrero del año en curso fue de 48,17 USD. Mientras la china Andes Petroriental cobra al Estado $.41,00 X barril extraído, el país tan solo recibe la diferencia, o sea, SIETE DOLARES. En el caso de AGIP, el costo que le paga el Estado es de 36,00 USD, el gobierno tan solo recibe DOCE DOLARES (Ver gráfica). En otras palabras, si el costo actual del barril en el mercado internacional se mantiene en 48 dólares, siendo este valor el 100/100, el Estado recibe apenas el 15% del ingreso petrolero. Esta penosa realidad se ha convertido en un boomerang, que, por una política errada del régimen, ahora le pasa factura al presupuesto del Estado.

En el tema de la política anti monopólica que manda la Constitución y el eje transversal del pretendido control y poder del mercado, llama la atención cómo el gobierno –consciente de que las operadoras Movistar y Claro controlan el 97% del mercado- en lugar de revertir las operaciones a favor de la empresa pública CNT, permitió en 2008 la renegociación de los contratos por 15 años más, causando un perjuicio multimillonario al Estado, pues el negocio a 2013 les reportó a las concesionarias, según datos de El Telégrafo, la bicoca de 5.557 millones de dólares, ante lo cual el régimen no se inmuta, pues de haber nacionalizado el espectro de telefonía celular, hoy el país estaría nadando en plata. ¿Acaso los 7 mil millones de dólares que ganaron las operadoras Conecel y Otecel (Claro y Movistar), entre 1996 y 2008, no fue suficiente como para que el régimen les premie extendiendo el contrato hasta 2023?

En ocho años de revolución ciudadana nada se ha hecho para romper el monopolio de la producción y comercialización de cemento en el Ecuador, que sigue siendo manejado por dos empresas, Lafarge (hoy vendida a la UAC del Perú), de origen francés, y Holcim, multinacional suiza. Entre ambas concentran más del 85% del mercado nacional, mientras que Guapán y Chimborazohoy conforman la Unión Cementera Nacional, con apenas el 15% del mercado.

En torno a la industria farmacéutica de la distribución y comercialización de medicinas, el panorama es idéntico: más del 71% del mercado interno es controlado por dos grupos monopólicos, la Corporación GPF Farcomed-Fybeca, con 500 farmacias a nivel nacional, y el Grupo DIFARE Cruz Azul, con 920 establecimientos (Ver gráfico). A la saga, las pequeñas farmacias independientes luchan por sobrevivir ante la competencia desleal tolerada por el gobierno. El resultado ha sido dramático, pues como quien diría: en el inmenso mar de la competencia, el pez grande se come al chico. ¡Vivan las leyes del mercado capitalista!

Y qué pasa con los supermercados, donde la presencia del estado es inexistente. La economía de libre mercado impulsada por el gobierno ha permitido consolidar a varios grupos económicos; por ejemplo, el Grupo Wright del Supermaxi-Aki, cuenta con más de 73 supermercados a nivel nacional. Otro monopolio está representado por el Grupo Czarninsky, dueño de 40 supermercados. El otro que destaca es TIA, cuyo dueño, el colombiano Francisco de Narváez, cuenta con 108 locales en todo el país (Ver gráfica).

En una economía donde impera el gran capital, al ecuatoriano común y corriente le quedan dos caminos: ser una pieza más del engranaje de estos pulpos del capital, en calidad de esclavos y, u organizarse, unirse para forjar desde el Estado la recuperación del mercado, para que las pequeñas tiendas, farmacias, emprendimientos, etc, crezcan, tengan presencia activa y sean parte del desarrollo integral del país. En un gobierno que se precie de ser de izquierda es imperioso montar empresas estatales que entren a competir con las privadas en todos los espacios de la economía, para romper el monopolio, regular el mercado, abaratar los productos y/o bajar los precios, en lugar de que sea la libre empresa la que imponga sus condiciones, perjudicando al bolsillo del consumidor final. Lo que sucede en Venezuela es un llamado de atención de lo que puede suceder a futuro si los monopolios deciden especular con los productos, para crear desabastecimiento, con la finalidad de desestabilizar a un gobierno progresista de ese país.

En áreas estratégicas de la economía, que constituyen las fuentes de mayores ingresos, como la telefonía, el sector petrolero, urge el cambio de gobierno, para corregir el rumbo hacia la nacionalización de estos sectores, a fin de impedir la fuga de capitales de negocios altamente rentables, capitales que no se quedan en el país, afectando al desarrollo del pueblo ecuatoriano.

Fuente: nodo50.org

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