El gobierno de Correa criminaliza la pobreza

31 marzo, 2015

Por: Natasha Rojas.

El desalojo de los y las habitantes de la Trinitaria es una expresión de la criminalización de la pobreza que implementa el gobierno de Rafael Correa a través de la llamada “Secretaria Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares”. Misma que violenta varios acuerdos y convenios a nivel internacional y la propia Constitución de nuestro país que establecen “el derecho humano a la vivienda”.

En el Ecuador el acceso a la vivienda constituye un problema que no se ha resuelto, de acuerdo al Censo del 2010 de las 3´810.548 viviendas, solamente 1´786.005 son propias y pagadas totalmente, el resto las están pagando, son cedidas, prestadas, por servicios, arrendadas, en anticresis, entre otras modalidades.

El acceso a la vivienda constituye un problema de carácter social, producto de las desigualdades existentes. De acuerdo al INEC de los 4´500.000 hogares, el 40% carecen de vivienda y de las existentes, el 40,3% no cuentan con servicios básicos fundamentales. Problema que se agudiza más al no considerar a la vivienda como parte de una política prioritaria del Estado. Muestra de ello es que, mientras en el, 2014 se destinó para vivienda 164 millones de dólares, para el 2015, apenas se destinará 45 millones de dólares, sufriendo un recorte del 72%, lo que representa aproximadamente 119 millones de dólares.

El derecho a la vivienda en la sociedad actual es vista como un gran negocio dónde se especula con el precio de la tierra y la construcción. Hecho que afecta a los sectores populares que no cuentan con un trabajo estable, sus salarios son bajos, y por lo tanto, no son sujetos de crédito en el sistema financiero, lo que conlleva a que adquieran su vivienda en la periferia sin servicios básicos y en muchos casos siendo víctimas de traficantes de tierras.

Los habitantes de la Trinitaria, Monte Sinai y tantos otros sectores en el Ecuador, son víctimas de la crisis del sistema imperante, de las desigualdades sociales, de los traficantes de tierras, de la persecución del Estado con desalojos, linchamiento mediático, etc. Pero ellos y ellas son seres humanos pobres, que viven en la miseria, sin agua potable, alcantarillado, electricidad; que no cuentan con un empleo fijo y se dedican al comercio informal; que por la falta de recursos no tienen acceso a una educación, salud de calidad; no cuentan con oportunidades para mejorar su estilo de vida. Y con este desalojo acentúan el estado de miseria en el que viven, al perder lo único que tienen, un techo con guaduas y plásticos, que como diría Galeano en su poema Los Nadies “… los que valen menos que las balas”.

Por ello, se debe asumir el derecho la vivienda como una responsabilidad del Estado, por lo que se debe destinar recursos suficientes para implementar programas con la participación de las organizaciones populares, los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades y el gobierno central a fin de efectivizar el Art. 30 de la Constitución al señalar que “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

Compártenos y Síguenos en:
  • Bitacoras.com

Previous post:

Next post: