8 años de violencia contra las mujeres

1 abril, 2015

Imagen Video: Mujer, Cantaro, Nino, segunda canción en favor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Por Karla Calapaqui Tapia.

En la Constitución de Montecristi se plasmaron derechos que por años se reclamaron en las calles. Incluirlos no fue dádiva de nadie, sino fruto de la movilización constante de diversos sectores sociales. La lucha de los movimientos de mujeres permitió plasmar conquistas.

Después de 8 años del gobierno de la “revolución ciudadana” varios han sido los retrocesos en derechos, pero particularmente los de las mujeres ecuatorianas se han visto afectados, regresando en algunos casos décadas.

La actitud misoginia, patriarcal y discriminatoria se ha reflejado en dichos y hechos, principalmente del presidente de la República. “Gordita horrorosa, cállate majadera, coloradita, mediocre, mafiosa, tirapiedras, qué minifaldas!, qué piernas!… etc” son algunas de las palabras para referirse a periodistas, maestras, dirigentes sociales, opositoras políticas y ciudadanas en general que han cuestionado a su gobierno.

En 2007 la prefecta de Orellana Guadalupe Llori, fue encarcelada bajo el delito de “sabotaje y terrorismo” y desde ahí no ha parado. La represión a las mujeres campesinas de Molleturo en el Azuay, en defensa de la vida y contra la minería; el despido intempestivo de servidores públicos, entre los que constan mujeres embarazadas, la criminalización de la protesta que ha dejado cientos de hombres y mujeres judicializadas, como el caso de Abigail y Cristina que pasaron un año presas injustamente y Fadua que se encontraba embarazada bajo prisión domiciliaria, del caso los 10 de Luluncoto; la condena a la maestra Mery Zamora, ex presidenta de la UNE, por el delito de “terrorismo”, el acoso político, las bajezas y amenazas en su contra, la han convertido en un referente de la resistencia social. En estas mismas condiciones la maestra Rosaura Bastidas condenada a tres años de prisión por sabotaje y terrorismo. El linchamiento mediático y acoso político gubernamental contra las mujeres que disienten con el régimen es ya política de Estado.

Las leyes y políticas impuestas en el país, han afectado a los ecuatorianos pero doblemente a las mujeres. Por ejemplo en el caso de los docentes, el cambio de la jornada laboral a 40 horas ha perjudicado al magisterio ecuatoriano, teniendo en cuenta algunos datos, este sector es eminentemente femenino con el 70 % de mujeres, de las cuales en un 47% son jefas de hogar. Con el cambio de jornada se ha provocado una reducción del salario y por ende una sobreexplotación laboral poniendo su trabajo intelectual a la misma condición del trabajo manual, alterando su organización en el hogar, el cuidado de sus hijos etc. Sin contar con las enfermedades laborales tanto físicas como mentales producto de acciones y políticas impuestas desde el Ministerio de Educación, un patrono que acosa, persigue, sanciona, impide la organización gremial, criminaliza, no solo a maestros, sino a estudiantes y autoridades.

Tres mujeres encabezan la Asamblea Nacional. Si bien, el derecho a la paridad está garantizado en la Constitución en su art. 65, fruto de la lucha de años de las mujeres, el gobierno las utiliza como fichas de ajedrez o como adorno, sin la capacidad de decidir o llevar bajo el abrazo una agenda de género.

¡NO representan a las millones de mujeres ecuatorianas!

Para muestra un botón, cuando se debatía el Código Integral Penal (COIP), asambleístas del oficialismo tibiamente expresaron la necesidad de despenalizar el aborto por violación, pero su atrevimiento les salió caro, el presidente Correa les hizo un escarnio público y fueron sancionadas. Agacharon la cabeza.

El COIP fue aprobado por la mayoría de asambleístas de gobierno, está en vigencia desde agosto de 2014, la Violencia contra la Mujer ahora está establecida como “Delitos de violencia intrafamiliar”, dejando de lado el reconocimiento de una violencia específica contra las mujeres y contrariando lo que establece la Constitución. Las mujeres víctimas de violencia de género estarían expuestas a un proceso de revictimización, se da espacio para beneficiar al agresor, no hay medidas oportunas para proteger la vida de las mujeres.

En el ámbito de la Justicia, las Comisarias de la Mujer se eliminaron y en su reemplazo crearon las Unidades de Violencia contra la Mujer y Familia (UVMF), pregunto, ¿cuál es la celeridad y capacidad con la que actúa el personal a cargo?

Cuando se aprobó el Código Monetario y Financiero se derogó la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, en los hechos la dejó sin financiamiento, vulnerando derechos de mujeres y niños, y una serie de medidas de protección para la mujer.

El Plan Familia del Presidente

En el 2012 se creó la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar Enipla con el fin de implementar acciones para reducir el índice de embarazo adolescente que entre 2001 y 2010 presentaba cifras alarmantes: 74%.

Pero a Rafael se le ocurrió imponer el denominado PLAN FAMILIA cuyo objetivo es: “Enseñar valores a los adolescentes para que decidan retrasar el inicio de su vida sexual”.

Este plan fue elaborado con el presidente Rafael Correa, el ministro de Educación y apoyado por el ministro del Interior, así lo dijo Mónica Hernández su directora. NO ha sido socializado con los actores sociales, violenta derechos sexuales y reproductivos establecidos en la Constitución de la República.

Mónica Hernández, identificada con el Opus Dei, en el mencionado Plan Familia sataniza la sexualidad. Hernández manifestó en una entrevista que “Lo que quiero es lograr que los adolescentes digan ahí está el canguil, pero no lo voy a comer. Que digan, yo sé que tengo la posibilidad de ponerme un implante, pero no quiero utilizarlo.”

¿Y a esto cómo le llamamos? ¡Faltó el cinturón de castidad!

A renglón seguido: “Los adolescentes tuvieron a la mano, a discreción, los preservativos o cualquier otro método anticonceptivo”. Se escandaliza por repartir preservativos y hablar sin misterios de la sexualidad, y lo peor que es el gobierno quien impulsa la aplicación de este plan, que mira a los jóvenes como objetos de protección y no sujetos de derechos. Según nuestra constitución los jóvenes desde los 16 años ya pueden votar en elecciones, entonces por qué no se los considera capaces de tomar decisiones informadas y sin misterios respecto de su sexualidad?

Y es que en el enlace ciudadano No. 413 Rafael propuso la abstinencia para reducir el embarazo adolescente, así como la sexualidad en valores.

Hernández ya lo dijo: ‘Daremos mucho énfasis a la abstinencia’.

Resumen: conservadurismo duro y puro.

Se están olvidando, sino hace rato, el carácter laico del Estado, amenazado al permitir la imposición de criterios de carácter religioso y moral, y sin ningún sustento científico.

Se requiere educar con información científica, objetiva, oportuna alejada de prejuicios y discriminación, basada en derechos que pueda ayudar a los jóvenes a iniciar su vida sexual si así lo desean.

Dicen que van a fortalecer a la familia para evitar embarazos adolescentes?

Según estadísticas oficiales, 1 de cada 10 niñas entre 5 a 6 años de edad han sufrido violencia sexual. El 24% de niñas, niños y adolescentes han experimentado violencia física en su entorno familiar.

Este informe de la Fiscalía General del Estado señaló que 961 niñas menores de catorce años reportaron haber sido violadas en 2014. La mayoría son violadas en sus casas por sus parientes y amigos de su familia. La Fiscalía señaló que en el 2014 se obtuvieron 671 sentencias por violación a mujeres y el 98% de estas ocurrieron en el círculo familiar, principalmente a niñas, niños, y personas con discapacidad. Solo el 2% de las violaciones ocurren fuera de los hogares y son perpetradas por desconocidos. Además la Fiscalía receptó 271 denuncias de violaciones a niñas en el ámbito educativo en el 2014.

Al parecer esta estrategia desconoce estos datos y al hacerlo estaría invisibilizando las violaciones y agresiones sexuales de niños, niñas y adolescentes que sufren en el entorno familiar.

La homofóbia no se hace esperar en este plan que excluye la diversidad de familias que se pueden conformar, discrimina a la población GLTBI, es que como dice Rafael: “Agendas abortistas, matrimonio gay, feminismo extremo esos no son los valores del pueblo ecuatoriano”.

Se dejó atrás ENIPLA a pesar de que se ha reconocido avances por el mismo Rafael Correa, para imponer un plan familia oscurantista en pleno siglo XXI, que sataniza hasta el placer porque “el coito solo es para procrear”, y pues sentir placer ya casi casi es pecado en el país!

El pasado 16 de marzo el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, Mano Derecha de Rafael, expresó en una entrevista ‘El Estado debe enseñar a la mujer a postergar su vida sexual’, es increíble como en una sola frase se resume la misoginia, el desprecio por las mujeres, nos considera incapaces de tomar decisiones y claro somos las mujeres las responsables exclusivas de embarazarnos; pone en evidencia el carácter patriarcal, prejuicioso y discriminatorio del gobierno, que no basta con reducir derechos, sino que pretende meter las narices del Estado en nuestra intimidad para tener control de nuestros cuerpos, tiempos y decisiones.

Pero no bastó con eso, es que las mujeres somos las culpables según Alexis Mera: “(…) las mujeres no se valoran adecuadamente, porque se dejan violentar”. El Secretario Jurídico de la Presidencia invisibiliza a propósito, el complejo sistema de explotación, dominación y opresión que justifica la violencia hacia las mujeres, resulta que las mujeres no nos valoramos o no vestimos como debe de ser, o no nos comportamos bien, pero el Estado nos va a ensañar a hacerlo.

El Estado debería preocuparse por garantizar nuestros derechos y no tutelar nuestras vidas y tatuar nuestros cuerpos con las concepciones y valores de Rafael.

Se articulan una serie de medidas que dicen estar encaminadas a favor de las mujeres, pero solo reafirman el sistema patriarcal machista y discriminatorio: retrocedemos en derechos.

Aborto y criminalización

Antes claro que estaba penalizado, pero es hoy con el COIP en este gobierno, que se ha hecho efectiva la prisión y condena a mujeres que abortaron. Según Revista Plan V, existen “59 casos de mujeres judicializadas por aborto”; en su mayoría mujeres pobres que han recurrido a lugares clandestinos, cuando es el Estado que debería brindar atención médica oportuna precautelando los derechos y la vida de la mujer.

La penalización del aborto busca restringirnos de que podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, un debate necesario que hay que darlo aunque escandalice a nuestra sociedad.

Recomendaciones de la CEDAW

En la “Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada en el 2011 establece que 6 de cada 10 mujeres en Ecuador han sido víctima de violencia de Género; una de cada 4 sufrieron violencia sexual en algún momento de su vida.

El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) hizo recomendaciones al país para proteger los derechos de este grupo. El documento de 13 hojas establece acciones importantes para que el Estado ecuatoriano las implemente de forma inmediata, en resumen:

“despenalizar aborto en caso de violación, incesto y malformaciones fetales graves o serias; asegurar acceso a métodos anticonceptivos modernos para todas las mujeres y adolescentes; proveer información y educación de la sexualidad integral para reducir el embarazo en adolescentes; asegurar que las leyes tengan una compresión amplia de la salud en sus tres dimensiones: física, social y mental; respetar la confidencialidad en los servicios de salud y desarrollar capacitaciones para el personal de salud sobre secreto profesional; priorizar implementación de Guía de Práctica Clínica de Aborto Terapéutico.”

*Será que nuevamente se cruzan de brazos las “feministas” de la “revolución ciudadana”?

Finalmente, la opresión, las desigualdades sociales, de género, etc., no serán resueltas con la humanización del capitalismo que se lleva muy bien con el patriarcado.

El Capitalismo refuerza la explotación, permite y seguirá permitiendo la opresión, acoso sexual, agresiones verbales y discriminaciones de cualquier tipo contra las mujeres.

Se requiere de una educación política y conciencia de género en toda la población, en las organizaciones sociales y de mujeres, para la construcción de propuestas y acciones de lucha por nuestros derechos.

A romper el sin fin de instrumentos ideológicos, culturales, religiosos, educativos que sostienen la dominación de la mujer para dejarla compasiva con su situación, es en las calles que debemos reclamar nuestros derechos y es la mejor escuela de género.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

Compártenos y Síguenos en:
  • Bitacoras.com

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: