Criminalizan a la Trinitaria porque criminalizan la pobreza

5 abril, 2015

Por Enver Aguirre.

El día viernes 20 de marzo nos dirigimos a la Cooperativa Mélida Toral, en la isla Trinitaria al sur de Guayaqui. El propósito era mantener una charla con jóvenes, para discutir la realidad que atraviesan las juventudes del Ecuador y exponer las alternativas que desde las organizaciones juveniles de izquierda hemos construido en la última etapa. Lo que no sabíamos es que ese día el Gobierno de Rafael Correa iniciaría el desalojo de más de 300 familias

Semanas atrás se había hecho público la pretensión del gobierno central de desalojar los 173 predios que comprenden la cooperativa. La denuncia que motivó el desalojo fue realizada por el Ministerio del Ambiente, el 23 de febrero, que solicitó el retiro de todos los predios y personas asentadas en la cooperativa Mélida Toral, bajo el argumento de encontrarse construida dentro de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado y/o en sus área de influencia, planteando además un plazo de 48 horas.

De manera particular, y como cosa rara dentro del lento funcionamiento burocrático del Estado y de las entidades públicas dirigidas por el correísmo, esta orden se ejecutó con celeridad. El 5 de marzo, los habitantes de la Trinitaria fueron notificados de la orden de desalojo, sin embargo, dichas órdenes no contenían el nombre de los destinatarios ni la ubicación de los predios. Además omitieron el proceso de la lotización emprendida por la Municipalidad de Guayaquil desde 2012, que implica el reconocimiento de la propiedad de esas familias sobre dichos predios.

En respuesta, los más de 500 habitantes de la Trinitaria se unificaron para rechazar la orden emitida por la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares STPAHI. El problema se hizo público y adquirió connotación nacional, organizaciones barriales y de derechos humanos denunciaron las violaciones cometidas, los vicios procesales en los que habían incurrido las instituciones gubernamentales, interpusieron acciones legales que detuvieran el desalojo, obligando a sus funcionarios a proponer un plan de reubicación, con lo que el desalojo y el despojo de sus viviendas quedaba anulado.

Pero como es costumbre en el Gobierno, unos son los ofrecimientos y otras son las realidades; mientras los pobladores de la Trinitaria esperaban la propuesta de reubicación, el Gobierno por su parte fraguaba el desalojo. El 20 de marzo el régimen asestó el golpe.

Mientras nos acercábamos a la cooperativa observamos 8 buses llenos de policías antimotines, que bajaban en ese momento y se adentraban en la Trinitaria. Pero eso no era todo, al llegar al lugar propiamente, encontramos a intendentes, funcionarios de la STPAHI, a la caballería, a policías que llegaban en lanchas, a otros que se encontraban de civil que hostigaban a los moradores, hasta un helicóptero sobrevolaba la zona. Todo para el desalojo de 173 casas.

La zozobra aumentaba en cada momento entre los moradores, porque mientras ellos buscaban dialogar con los funcionarios, éstos se escondían. Solo atinaban a decir “no tenemos nada que hablar con ustedes, solo cumplimos órdenes..”. ¿Dónde quedó entonces el rol de servidor público? Aquellos funcionarios, como muchos no brindan un servicio, niegan y rehúsan su relación al pueblo. Como bien lo dijo Fernanda, moradora de la Trinitaria, “parece que Correa les hubiera puesto un chip, porque solo escuchan sus órdenes. ¿Acaso no tienen familia?…”

Las explicaciones fueron vanas… no entendieron ninguna. Aproximadamente a las 10 de la mañana se echó a tierra la primera casa y minutos después la segunda. Los funcionarios querían destruir la tercera, pero su propietaria, una madre de tres niños y embarazada de un cuarto, exigía que le den una solución porque no tenía dónde ir. “Debía haber pensado eso antes de venir a vivir aquí, tuvo un mes para resolver su situación…” escuchó como respuesta. Mientras buscábamos impedir el desalojo y aplastamiento de su casa, la mujer fue empujada por un intendente; ya no solo violaban los derechos de los más pobres, de los más débiles, sino que apagaban su voz con agresiones “legitimadas” por su condición de funcionarios de la revolución ciudadana. ¿Aquella madre era culpable de vivir en la Trinitaria o de no conseguir un lugar antes de su desalojo? No, definitivamente ni ella, ni los 500 moradores más lo eran.

Las condiciones de pobreza, de explotación, de desigualdades no resueltas por este, ni por ningún gobierno capitalista han generado asentamientos irregulares como los de la Trinitaria, pero ni aquellos funcionarios, ni Julio Quiñonez -secretario de la cartera de Estado que dirigió el operativo-, ni el presidente Rafael Correa comprenden cabalmente el porqué de esos asentamientos, porque ellos nunca han dejado de tener un techo bajo el cual dormir, ni han sido criminalizados por vivir donde viven.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Correa son el reflejo de una política que criminaliza la pobreza, de un Gobierno que te juzga por ser pobre, que te inculpa por delitos no cometidos. Sin duda, este Gobierno maneja un doble discurso: a los habitantes de la Trinitaria se los acusa de depredar el manglar, cuando son las camaroneras los principales depredadores del manglar en el Ecuador, a las que el régimen les estimula y les entrega exenciones tributarias. ¡Cuánto descaro!

Hoy el régimen dice preocuparse por el medio ambiente, pero emprende acciones para explotar el Yasuní ITT.

Una semana ha transcurrido desde el inicio de los desalojos en la Trinitaria y el Gobierno solo ha puesto trabas a quienes han buscado ayudar a sus habitantes. Es deber del régimen reubicarlos, pero además hacerlo de manera gratuita, porque sus habitantes no buscaron acceder a uno de sus planes de vivienda, sino que debe ser el Gobierno el que se los entregue por haberles despojado de sus propiedades. Todos los descontentos con el gobierno, somos también hoy Trinitaria.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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