La indignación que no bajará ni con la visita del papa

5 junio, 2015

El humor a través de las redes sociales, como recurso de los ecuatorianos para repudiar el autoritarismo del régimen, para denunciar la mentira y la doble moral, se ha convertido en el mejor termómetro del estado de ánimo de la población. Mensajes como: “Que roben todos, menos la Esperanza”, para referirse de manera irónica a la captura y procesamiento penal a una asambleísta de Alianza País, acusada de actos de corrupción. O referidos al discurso de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, el 24 de mayo, en el que dijo: “Estoy orgullosa de ser la primera bachiller presidenta de la Asamblea”, dejan mal parada a la imagen del movimiento político oficialista y al gobierno, de manera general. Pero, sobre todo, al presidente Rafael Correa.

Esta auténtica explosión social a través de las redes genera el ambiente propicio para la movilización popular en las calles, para la pérdida del miedo y la decisión de involucrarse en los problemas del país. Esto se ha visto reflejado ya en las movilizaciones que los sectores populares han protagonizado de manera unificada desde el año pasado y que han ido subiendo en intensidad y significado político.

Mientras cerrábamos edición, dirigentes de diversas organizaciones populares y colectivos ciudadanos, o simplemente voluntarios de manera personal, con sus familias, preparaban el viaje a la ciudad de Riobamba, para ser partícipes de una nueva Convención de los trabajadores y pueblos, que promete ser histórica, puesto que será en esa reunión en la que se convocará, según lo han expresado algunos de sus dirigentes, a una paro nacional del pueblo, forma de lucha más elevada que las marchas hasta ahora realizadas.

Será una acción que crecerá, animada no solo por el entusiasmo de sentirse fortificados por la unidad y fuerza de las últimas marchas, sino por las medidas anunciadas por el Presidente el pasado 24 de Mayo, que apuntan a meterle la mano a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, con impuestos directos, como el destinado a las herencias y a la plusvalía de la tierra, sin guardar apariencias, sin respetar nada, tal como se hizo con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, al que se intervino con violencia y pisoteado derechos de trabajadores y trabajadoras, sin respetar las normas del juego, ni un debido proceso.

La desesperación por absorber recursos rebaza cualquier cálculo de tipo político para el Presidente. Lo dijo en su discurso el 24 de Mayo: “asumiré todo costo político”. Y lo hará, es seguro, y las acciones que se determinen en Riobamba medirán ese costo.

En el escenario, también hay un evento que el gobierno aspira utilizar políticamente, lo ha comenzado a hacer: la visita de Papa. Espera, como dice también el humor en las redes, que se certifique el “milagro ecuatoriano”, reconciliar a los ciudadanos con el gobierno. Y es un recurso político de primera línea, tanto que le costó la cabeza al ex gobernador de Guayas. Tanto, que se somete la soberanía de Ecuador a la voluntad de un jefe de Estado europeo, en el tema del lugar para la misa en Guayaquil.

En todo caso, los rezos del régimen irán enfocados a que este mal tiempo político para la revolución ciudadana pase, o al menos se calme un poco, le dé respiro para continuar con el paquetazo solapado.

Los trabajadores, los sectores populares en general, están atentos, son menos vulnerables a la gran propaganda oficialista, y construyen con más claridad y solvencia el camino para un proyecto político unitario, popular, revolucionario, verdadero.

El Estado como partido político

Desplante y arrogancia. Así se ven las formas de ejercicio del gobierno por parte de Rafael Correa y del grupo que le acompaña.

El pudor político no es precisamente el estilo de quien usa las instalaciones presidenciales para realizar un mega y masivo desayuno en Carondelet con todos los legisladores de la bancada de Alianza País, no solamente para definir las principales dignidades de la Asamblea Nacional, sino también para amenazar a sus legisladores frente a posibles disensiones o aspiraciones fuera de lugar. En otras palabras, se trata de resolver los asuntos partidistas internos como si fueran parte de la política del Estado, nada menos que en el edifico más importante del Estado ecuatoriano.

Confundir las altas funciones de jefe de Estado con las de presidente del Movimiento Alianza País y por lo tanto utilizar el tiempo y los recursos del Estado en beneficio del grupo es insistir en el abuso de funciones y confusión de roles. Hay veces que no se sabe si Correa habla como Presidente o como jefe del partido.

Así actúa también el Prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, que ejerce la jefatura de su partido a nivel provincial y de la misma manera nadie sabe si cuando habla lo hace como Prefecto o como jefe partidista. Por ejemplo cuando dispone que los recursos y empleados de la Prefectura, incluyendo al personal administrativo y de servicios, participen activamente en las movilizaciones a favor del régimen.

Resulta chocante, por ejemplo, que el jefe de Estado (o Presidente de Alianza País) maneje con tanta discrecionalidad los fondos públicos en sus últimos tres desplazamientos a Europa, primero para saludar al Papa Francisco y después para preparar su visita al Ecuador. Aunque la conformación de las delegaciones que acompañan al Presidente a todos sus desplazamientos internacionales sean casi secretas, no deja de llamar la atención que frecuentemente lleve a dirigentes de su partido o movimiento político.

Confundir al Estado con el Partido es encontrar a la Secretaria General de Alianza País de manera habitual en Carondelet para asistir a las reuniones oficiales. Veamos esta nota periodística de El Comercio: “La puerta principal de la sede de Alianza País se abre para que ingrese un vehículo todoterreno con vidrios polarizados y sin placas. Un chofer y un capitán ocupan los asientos delanteros. Atrás va la secretaria ejecutiva de Alianza País (AP), Doris Soliz”. ¿Qué rango especial tiene Soliz para estar acompañada de un capitán? ¿No está reglamentado el uso del personal policial? Y qué pasa con la Policía Metropolitana que no detiene a la infractora por no portar placas, a no ser que el vehículo tenga papeles especiales, propios de funcionarios de alto nivel, por estrictas razones de seguridad, pero no se dan para funcionarios de partidos políticos?

Están ebrios de poder.

Fuente: nodo50.org

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