David Rosero en la mira para próximo juicio político

24 junio, 2015

Imagen-Ecuador: Debate sobre transporte y movilidad

El bloque de Alianza País analiza la posibilidad de enjuiciar a David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todavía no definen una fecha para que el oficialismo tome la decisión, la Comisión de Fiscalización tramitaría la posible sanción.

El argumento para desarrollar el juicio político a Rosero se basa en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana que estipula: “los consejeros, durante el ejercicio de sus funciones, no podrán realizar proselitismo político”, este “argumento” no aplica para el caso porque de Rosero. Es conocido por todos que el bloque de AP tiene en la mira al Vocal del Consejo porque durante su presencia en este organismo ha denunciado anomalías para ser investigadas, por ejemplo las irregularidades en la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, así mismo la designación del actual Consejo Nacional Electoral, sin embargo sus denuncias se archivaron para evitar ensuciar el buen nombre de ciertos asambleístas, funcionarios de gobierno, personalidades, etc, vinculadas con el régimen.

Es curioso que solo a David Rosero se intente imponerle un juicio por realizar proselitismo político, cuando el propio Presidente lo ha hecho sin ninguna autorización, no se diga el resto de funcionarios.

En su calidad de Consejero Rosero ha participado como conferencista y auspiciado la realización de seminarios, talleres, conferencias de organizaciones sociales., a tomado posición en defensa de los intereses de los sectores sociales, además la razón por la que se lo pretende enjuiciar es porque intervino para evitar la detención de cuatro maestros cuando confiscaron las oficinas del Fondo de Cesantía del Magisterio en Ibarra. Entre los detenidos estaba el presidente de la UNE de Imbabura; Rosero no pudo evitar las detenciones, por el contrario a él también lo detuvieron, incluso agrediéndolo físicamente..

La fiscal Cecilia Armas, lo acusó de ataque o resistencia delito juzgado con pena de cárcel de entre uno y tres años, artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal..

Es clara la pretensión del gobierno, enjuiciarlo penalmente y en la Asamblea, sancionarlo, pero lo más grave, anular su presencia política y sus derechos de ciudadanía para impedir que siga liderando el enfrentamiento a la corrupción.

Fuente: pcmle.org

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